La propuesta ley de cambio climático recoge metodología CESIEP

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Tomadores de decisión de Chile contemplan la evidencia científica y la evaluación del impacto en la formulación de una ley.

El 5 de abril de 2016 se presentó ante el Ministerio del Medio Ambiente la “Propuesta de marco legal e institucional para abordar el cambio climático en Chile”, en cuya elaboración participó Rodrigo Arriagada, director de CESIEP-Centro para el Análisis del Impacto Socioeconómico de Políticas Ambientales.

El proyecto, que se inició hace un año bajo el impulso del CR2 y Adapt-Chile, aborda la necesidad y viabilidad de contar con una ley de cambio climático en el país. En este contexto, Arriagada defiende que el diseño de los instrumentos de política pública normas y la toma de decisiones se apoyen en evidencia científica sobre potenciales impactos. Esto requiere, primeramente, fijar objetivos concretos, asociados a indicadores, para medir el impacto esperado. Se trata de redactar los contenidos específicos en una segunda fase. Así, para apoyar la asignación efectiva de fondos de cambio climático, la selección y diseño de intervenciones debe considerar la evidencia de lo que funciona y lo que no, bajo qué circunstancias y a qué costo. Además, la dimensión biofísica ha de ir acompañada de lo económico y lo social. “Partir pensando que la ley tendrá que someterse a una evaluación en el futuro, te sitúa en un escenario diferente. Evita declaraciones ambiguas y contenidos poco concretos”, comentó el especialista. El modelo planteado es innovador tanto en Chile como en el mundo. Sin embargo, la tendencia en el escenario legislativo apunta a seguir esta lógica, como ya pudo observar la delegación de CESIEP en su visita a Reino Unido a principios de este año.

La propuesta también destaca la necesidad de elevar el nivel jerárquico del tema del cambio climático en el aparato del Estado y el rol de los gobiernos locales. Esta institucionalidad que sea transversal para las instituciones gubernamentales.

Tras la presentación del pasado martes, el debate se traslada ahora a los tomadores de decisión, mientras Arriagada y sus compañeros esperan recibir luz verde a su investigación, patrocinada por el Ministerio del Medio Ambiente y apoyada por la Embajada Británica en Chile, y poder incidir en las políticas públicas del país.

Y es que Chile no es una excepción en la región. El peso de la ley contra el cambio climático en América Latina es fuerte. Entre los países que encabezan la lista se sitúa Costa Rica, donde un decreto ministerial de 2013 creó los mercados de carbono voluntarios, que permiten que las empresas y las personas compensen sus emisiones de carbono al adquirir bonos que financian proyectos forestales. México, El Salvador y Ecuador, por su parte, también han adoptado estrategias nacionales para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el impulso al desarrollo sostenible de sus poblaciones.

Consulta la presentación de Rodrigo Arriagada, “Metodología de Evaluación de Impacto Ley de Cambio Climático