BID publica estudio sobre impacto de programa Socio Bosque en Ecuador

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  • El programa Socio Bosque busca reducir la deforestación mediante la transferencia de incentivos económicos a propietarios que voluntariamente deciden conservar sus bosques. A través de esta evaluación, se estimaron sus impactos sobre las decisiones de cambio de uso del suelo y sobre los niveles de bienestar en hogares de comunidades indígenas.  

Publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se encuentra el estudio Comunidades Sostenibles: Evaluación de Impacto del Programa Socio Bosque en Poblaciones Indígenas y Afrodescendientes, desarrollado por Rodrigo Arriagada, Doctor en Economía Ambiental y Recursos Naturales y director del Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales (CESIEP), y los investigadores David Cotacachi, Maja Schling y Judith Morrison.

Fotografía gentileza Programa Socio Bosque, Ministerio del Ambiente, Ecuador.

El programa ecuatoriano Socio Bosque (PSB) fue creado en 2008 para intentar reducir la deforestación mediante la transferencia de incentivos económicos a propietarios individuales y colectivos que voluntariamente deciden conservar sus bosques, páramos u otra vegetación nativa por un período de 20 años.

En específico, esta política busca lograr la conservación de las áreas de bosques nativos, páramos y otras formas vegetales nativas del país; reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por efecto de la deforestación;  contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de poblaciones rurales asentadas en dichas áreas, y reducir, asimismo,  los incendios forestales provocados a causa de prácticas agrícolas.

A través de esta evaluación, se estimaron los impactos del programa sobre las decisiones de cambio de uso del suelo y sobre los niveles de bienestar a nivel de hogares individuales de comunidades indígenas.

Los resultados del análisis arrojaron que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los hogares beneficiarios del programa y aquellos que no lo son, y no evidencian impactos socioeconómicos -en términos de posesión de activos, calidad de la vivienda y cambios auto reportados en calidad de vida-, o de reconfiguración productiva -como contratación de mano de obra y tenencia de ganado-.

De acuerdo al equipo investigador, estos hallazgos son coherentes con evaluaciones de programas similares en países como México y Costa Rica, y son consistentes con la presunción de que los programas de pagos directos por conservación no afectan de forma negativa a los beneficiarios participantes, pero dejan planteada la inquietud de explicar por qué los beneficiarios deciden participar en estos esquemas si aparentemente no perciben beneficios, por lo que recomiendan la necesidad de analizar otras dimensiones, además de la socioeconómica.

La investigación fue financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo a través de la Cooperación Técnica ATN/OC-15113-EC y ATN/FT-15114-EC “Apoyo al Programa de Incentivos Socio Bosque en territorios indígenas y afrodescendientes” de la División de Género y Diversidad (GDI).

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